Desde el año 2007 nuestro país cuenta con una ley (la 53-07) contra lo que esa misma pieza jurídica denomina como “Delito Tecnológico”, y a partir de la adopción de la misma se creó el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), el cual ha estado trabajando arduamente en la detección de las fuentes desde donde han sido cometidas incursiones ilegales en sistemas electrónicos y tecnológicos tanto a nivel privado como público y en el correspondiente sometimiento a la justicia de los responsables.
Con la adhesión de la República Dominicana a este importante convenio, se adiciona al ordenamiento jurídico dominicano un nuevo y trascendental instrumento de lucha contra este tipo de crimen, tan frecuente como violatorio de todos los derechos de intimidad, confidencialidad, libertad de expresión y dignidad de la persona humana, pues se dispone con el mismo, la adopción de las medidas legislativas pertinentes y necesarias que sirvan de prevención, control y punición de estas infracciones penales.
La conformación técnica y temática de este convenio estatuye a nivel internacional la cooperación tanto entre los Estados mismos, como entre estos y la industria privada en la batalla de prevención y protección de sistemas informáticos y de datos, vinculados al desarrollo de la tecnología tanto estatal como privada, pero además, a nivel nacional establece los parámetros necesarios para accionar, a partir de la creación de las leyes adjetivas necesarias, en la lucha frontal contra los delitos de alta tecnología asociados a estafas, extorsión, violaciones a la propiedad intelectual, entre otras infracciones importantes.
Promulgada en junio del 2012 por el Poder Ejecutivo la resolución que aprueba la adhesión del país al mismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores da los pasos de lugar para cubrir en un tiempo mínimo los trámites finales hacia la entrada en vigencia, para nuestro país, de este trascendental convenio.
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