Desde el año 2007 nuestro país cuenta con una ley (la 53-07) contra lo que esa misma pieza jurídica denomina como “Delito Tecnológico”, y a partir de la adopción de la misma se creó el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), el cual ha estado trabajando arduamente en la detección de las fuentes desde donde han sido cometidas incursiones ilegales en sistemas electrónicos y tecnológicos tanto a nivel privado como público y en el correspondiente sometimiento a la justicia de los responsables.
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