Implicaciones de las protestas estudiantiles en Chile


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Los Tratados Internacionales en el marco del nuevo Tribunal Constitucional dominicano.


 

Con la proclamación de la nueva constitución de la República Dominicana  , el 26 de enero del 2010, nace un órgano cuyas atribuciones constitucionales hacen de él un paradigma en el ordenamiento jurídico del país, nos referimos al Tribunal Constitucional; el cual, tiene la encomienda, establecida en el numeral 2 del artículo 185,  entre otras cosas, de ejercer el control preventivo de los tratados internacionales previo a su aprobación congresual.

Esto es un elemento tan importante como innovador en la ratificación de los instrumentos internacionales con los cuales se compromete el país, sobretodo en el entendido de que, teniendo los tratados internacionales carácter básico en la jerarquía de las leyes y perteneciendo los mismos al bloque de constitucionalidad del Estado, la República Dominicana asume con la creación de este tribunal una postura de introspección seria y comprometida que sin lugar a dudas, ha de garantizar la firma y ratificación  sólo de los compromisos internacionales que vayan en beneficio del país, que no colijan con las normas constitucionales establecidas a nivel interno y que sobretodo no comprometan ni menoscaben con responsabilidades quiméricas el futuro de la nación.

En ese sentido, todos los acuerdos internacionales que habían sido sometidos por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional para su aprobación y que al momento de la proclamación de la constitución, entiéndase 26 de enero del 2010, no la hubiesen alcanzado, han sido devueltos a éste para que los mismos sean sometidos al debido control preventivo del Tribunal Constitucional,  papel que por el momento, hasta tanto sean escogidos los miembros de dicho tribunal por el Consejo Nacional de la Magistratura, lleva a cabo la Suprema Corte de Justicia; todo esto como una forma de cumplir a cabalidad con lo dispuesto por la misma Carta Magna.

El Ministerio de Relaciones Exteriores no se exime de las responsabilidades de gestionar todo lo relacionado al proceso de ratificación de los instrumentos internacionales y, a través de su Viceministerio Enlace con el Congreso Nacional, continúa dando seguimiento paso a paso a todo el proceso constitucional correspondiente.

Epitafio de una historia que llega a su fin.


 

Congreso hondureño vota contra Zelaya

Congreso de Honduras deliberando sobre Zelaya

De esta forma se pone en evidencia la incapacidad de los organismos internacionales de generar acciones efectivas, tendentes a solucionar problemas en los sistemas constitucionales de los Estados Miembros de los mismos, cuando ocurren atentados graves a la vida democrática que debe regir los pueblos…

R.I.P amigo Zelaya.

Amén

ACUERDO SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL


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El “Estatuto de Roma” que establece la Corte Penal Internacional fue adoptado en la ciudad italiana del mismo nombre, el 17 de julio de 1998 y entró en vigencia el 22 de julio del año 2002. Desde su inicio, la República Dominicana ha sido signataria del mismo, promulgando de manera íntegra la resolución que ratifica dicho acto el 31 de marzo del 2005.

Cuatro años después y en medio de la adecuación de la Política Exterior estructurada desde el Poder Ejecutivo, la Cancillería Dominicana se apresta a depositar, en un tiempo mínimo, por ante el órgano responsable de receptar los instrumentos de adhesión y ratificación de los países signatarios de la Corte, el instrumento de adhesión al Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional (APIC), luego, claro está, de que dicho Acuerdo ha sido aprobado y promulgado cabalmente por los medios y órganos constitucionales correspondientes.

El artículo 48 del Estatuto de Roma contiene las disposiciones generales sobre los privilegios e inmunidades, pero el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades, como “acuerdo independiente”, define en detalle el tipo de protección y las obligaciones que asumen los Estados Partes de brindarle a la Corte, como Organización Internacional, las facilidades y las vías necesarias a lo interno de sus respectivos países, que permitan que la misma funcione de manera libre e incondicional en un ambiente de seguridad jurídica y operacional óptimo.

De esta forma, la República Dominicana, sobre la premisa de la supra-autoridad y vigencia de los Tratados Internacionales frente a los ordenamientos jurídicos locales, actúa de manera cónsona con los principios constitucionales que deben ser referentes obligatorios en la Comunidad Internacional y se sitúa al lado de los Estados que propugnan por la elevación de los  preceptos del respeto a la vida y a la dignidad humana, en un horizonte democrático y en donde prevalezca el imperio de la ley y del estado de derecho, que no son otra cosa que lo que trata de salvaguardar  el Derecho Internacional, y en el marco del mismo, la Corte Penal Internacional.