El Fracaso de un Plan de Paz


Al cumplirse un año y un mes que se iniciaron las protestas contra el régimen de Bashar Al Asad en Siria, la ONU, por medio de su enviado especial Kofi Annan, firma y logra “poner en vigor”, el 12 de abril pasado, un plan de paz que, para la comunidad internacional, representaba una esperanza de avenimiento y diálogo entre las partes en conflicto con el propósito de detener la escalada progresiva de violencia y muerte que se ha estado produciendo en Siria a lo largo de este último año.

A un mes y semanas de que se produjese ese “ensayo” de tregua, muy lastimosamente, hay que decir que todo ha sido un verdadero fracaso. Solo 6 puntos conformaban este plan de paz, los que podían resumirse en un alto al fuego, apertura de negociaciones, autorización de entrada de ayuda humanitaria, todo esto con el fin ulterior de que, luego de calmar los ánimos allí, se iniciase el empedrado camino hacia la transición democrática. Ninguna de las partes lo ha respetado.
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La ONU y el conflicto en Siria


“…preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles…” así inicia el preámbulo de  la Carta de las Naciones Unidas que fue firmada por 51 Estados en San Francisco, luego de casi cinco años de largas negociaciones para arribar al texto final y como consecuencia inmediata de los horrores vividos por la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial.

Este texto es considerado como una especie de “Carta Magna” de la Organización de Naciones Unidas, porque con ella se inicia el tinglado de este sujeto de derecho internacional y se establecen los órganos institucionales  que regirán como estamentos constitutivos en el funcionamiento cotidiano de la misma. Sigue leyendo

Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, del 10 de Diciembre de 1984


Al día de hoy, República Dominicana es parte de cinco de los siete principales instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos, solo la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, por no haber sido ratificados aún por nuestro país, escapan a esta lista.

Los Derechos Humanos constituyen en sí mismos un elemento medular en la conformación de las bases que garantizan, en pos del desarrollo integral y estructural del individuo, el disfrute de un estado de pleno derecho, de equidad y de respeto a la dignidad humana en cualquier país del mundo, de manera que, en consonancia con esa visión, la República Dominicana firmó el 04 de febrero de 1985 la Convención contra la Tortura y en una visible muestra de voluntad política y de consistencia en la intención de hacer de nuestro ordenamiento jurídico un modelo de legalidad y de respeto por los derechos fundamentales en la región, el Superior Gobierno y el Ministerio de Relaciones Exteriores han llevado a la aprobación congresual dicha convención, abocándose en los próximos días a depositar por ante el Secretario General de Naciones Unidas el Instrumento de Ratificación que convertiría a nuestro país en el numero ciento cincuenta en ratificar la misma.

Han transcurrido, por tanto, casi veintiséis años desde la firma por parte de nuestro país, de esta Convención. Con la aprobación congresual y con la consabida puesta en vigor de la misma dentro de un corto tiempo, se demuestra una vez más el cumplimiento del compromiso que como institución tiene y lleva a cabo el Ministerio de Relaciones Exteriores con el desarrollo en el país de una cultura de protección a los derechos fundamentales del ciudadano y además con la visión programática de una política exterior dirigida por el gobierno y destinada a hacer de nuestra patria un referente obligatorio de respeto a la dignidad primigenia del individuo.

Estados Unidos mira de nuevo hacia América Latina


Lea nuestro artículo en el siguiente enlace. http://www.elcaribe.com.do/2011/10/14/estados-unidos-mira-de-nuevo-hacia-america-latina

Tratado de Creación del Consejo Iberoamericano del Deporte, del 04 de agosto del 1994


Cuando la República Dominicana firmó en 1994 el Tratado de Creación del Consejo Iberoamericano del Deporte, lo hacía con la plena convicción de que fomentar el desarrollo y la armonización de los marcos jurídicos e institucionales del deporte, además de propiciar el intercambio de recursos humanos y técnicos en el campo de la capacitación y el mejoramiento del nivel competitivo de los atletas iberoamericanos, habría de constituirse en un medio idóneo en el desarrollo de la cooperación pacífica entre las naciones latinoamericanas.

El deporte se ha constituido en una actividad paradigmática que, rompiendo con las barreras distintivas de color, raza, sexo o clase social, aglutina en un mismo espacio y al mismo tiempo a personas con las más disímiles características y pertenecientes a los más heterogéneos orígenes, convirtiéndose por tanto, en un fenómeno cultural  sin parangón, capaz de servir de armazón privilegiado en donde se cumpla a cabalidad con el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales del hombre.

Todas las virtudes precitadas no escapan, igual que toda actividad social, a la necesidad del ordenamiento jurídico y a la creación de órganos institucionales cuya mision nodal sea la de reglamentar, dirigir y coordinar las actividades deportivas y su óptimo desarrollo en el marco de unas relaciones interestales armoniosas; en ese sentido, República Dominicana ha llevado a cabo el proceso de ratificación congresual pertinente y depositó el instrumento que así lo certifica, ante el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos el día 13 de julio del 2010, fecha en la que, de acuerdo al artículo 32 del Tratado, ha entrado en vigor para nuestro país.

CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU PROTOCOLO FACULTATIVO, DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2006


 

discapacitados

El pasado 18 de agosto de este año se realizó la ratificación por parte de la República Dominicana, con el depósito del instrumento legal por ante el Secretario General de la Organización de Naciones Unidas, de la  Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo del 13 de Diciembre del 2006, la que junto al Protocolo precitado había sido firmada por el país el 30 de marzo del 2007, en ocasión de la apertura a la firma de la misma.

El día 30 de marzo del 2007, fecha en la que  se abrió a la firma dicha Convención, se logró la proeza de  obtener  82 firmas de la misma y 44 del Protocolo Facultativo, dando lugar a la primera vez en que una convención de las Naciones Unidas reúne un número tan elevado de signatarios en el mismo día de su apertura para la firma.

El desarrollo social, basado en el goce de los derechos inherentes a la dignidad humana, así como las libertades fundamentales del ser humano, adquieren un dimensión explicita en esta Convención, por lo que debe considerarse como una especie de cambio paradigmático a nivel social, político y cultural, en relación a las actitudes y enfoques que tiene la sociedad hacia las personas con cualquier tipo de discapacidad.

No podía la República Dominicana dejar de lado este crucial tema, ni permitirse no formar parte de uno de los Instrumentos Internacionales que, dentro del marco de los Derechos Humanos, trata de adaptar las condiciones de las diferentes perspectivas sociales hacia este tipo de personas, así como de reglamentar y delinear aspectos que les permitan disfrutar de las garantías sociales dentro del entramado legal de un estado de derecho óptimo; y es sobre esa premisa que, en el desarrollo de las gestiones diplomáticas puestas en marcha por el superior Gobierno en coordinación con la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, acabamos así de unirnos a los Estados democráticos del mundo en donde se propugna por la conservación plena de los derechos ciudadanos y por la sistematización y adecuación oportuna de las leyes a las disposiciones internacionales en materia de respeto y realce de los Derechos que le asisten a las personas con algún tipo de discapacidad.

PROTOCOLO ADICIONAL A LOS CONVENIOS DE GINEBRA DEL 12 DE AGOSTO DE 1949, RELATIVO A LA APROBACION DE UN SIGNO DISTINTIVO ADICIONAL (PROTOCOLO III) DEL 08 DE DICIEMBRE 2005.


Cristal RojoEl primer Convenio de Ginebra que buscaba garantizar protección humanitaria a los caídos, victimas de conflagraciones bélicas, se efectuó en 1864 y se refería exclusivamente a los militares envueltos en estos conflictos. Más tarde se revisan las normas estipuladas allí y se amplían, con el objetivo de abarcar aspectos referentes al trato hacia los prisioneros de guerra; podríamos decir que justo ahí se inician los “primeros pininos” del Derecho Internacional Humanitario, y con él, la adopción del símbolo denominado “Cruz Roja”, como sinónimo de neutralidad de las personas avocadas a las labores propias de este renglón del Derecho.

Para finales del siglo XIX se utilizaban indistintamente el símbolo de la cruz roja y además, otro denominado “media luna roja”. El Convenio de Ginebra de 1929, buscó legitimar estas dos insignias como una necesidad para el reconocimiento internacional de las entidades encargadas de aliviar la suerte de los heridos y enfermos resultantes de las campañas bélicas que proliferaban en el mundo.

En 1949, se aprueban ambos signos y se consagra la finalidad de los mismos como lábaros que deben significar el respeto debido a la persona que sufre y está indefensa en medio de una conflagración bélica, a la cual se ha de ayudar, sea amiga o enemiga, sin distinción de nacionalidad, raza, religión, clase social u opinión. Sin embargo, el principal problema que debían afrontar estos emblemas es la versión de que, en determinados contextos, adquieren una connotación religiosa o política. Con el fin de solucionar este inconveniente, los Estados Partes en los Convenios de Ginebra aprobaron un III Protocolo adicional a los Convenios, en una Conferencia Diplomática que tuvo lugar en Ginebra, el 5 al 8 de diciembre de 2005.

Mediante este instrumento se reconoce un emblema adicional, compuesto de un marco rojo cuadrado sobre fondo blanco, colocado sobre uno de sus vértices y que, por lo general, se denomina “el cristal rojo”. La forma y el nombre de este emblema adicional fueron el resultado de un largo proceso de selección, cuya finalidad era llegar a un resultado desprovisto de cualquier connotación política, religiosa o de otra índole, y que por lo tanto podía emplearse en todo el mundo.

La finalidad del cristal rojo no es sustituir a la cruz roja ni a la media luna roja, sino ofrecer una alternativa. La República Dominicana, sobre esta premisa, suscribió este Protocolo el 06 de julio del 2006 y el mismo, después de un recorrido por los anaqueles ordinarios de legitimación interna propia de nuestro ordenamiento constitucional, fue promulgado el 30 de octubre del 2008, fue depositado el 01 de abril del 2009 y entrará en vigor para nuestro país el 01 de octubre de este mismo año.