Acuerdo entre la República Dominicana y Taiwán sobre el Envío de Voluntarios del Fondo Internacional de Desarrollo y Cooperación de Taiwán.


A lo largo de más de cinco décadas de reconocimiento por parte de la  República Dominicana al estatus político de  la República de  China Taiwán, entre ambos países se ha desarrollado un intenso y fructífero ambiente de cooperación en los más diversos órdenes, dando como resultado la consecución de innúmeros proyectos de suma importancia para nuestro país, por medio de los cuales se ha dado impulso a la creación significativa de empleos, a la producción progresiva y constante de diversos rubros alimenticios, al desarrollo de iniciativas que favorecen la capacitación vocacional en todos los órdenes, a la construcción monitoreada de proyectos hidroeléctricos y de desarrollo de la información y la tecnología, a la implementación de innovadores avances en materia de servicios médicos, entre otros muchos aspectos.

Con la firma estampada por los Ministros de Relaciones Exteriores en el Acuerdo entre la República Dominicana y Taiwán sobre el Envío de Voluntarios del Fondo Internacional de Desarrollo y Cooperación de Taiwán, el 09 de marzo del 2009, ambos países, al tiempo de refrendar el clima de cooperación y de confraternidad existente entre ellos y sus instituciones, revalidan la intención para que, desde Taiwán, se puedan crear las condiciones necesarias para ayudar a nuestro país a robustecer y a diversificar la capacidad técnica de sus instituciones por medio de programas de capacitación y desarrollo.

Una vez más se pone de manifiesto el arqueo controlado y el monitoreo minucioso y con proyección a futuro que en el terreno de las relaciones diplomáticas lleva a cabo el Superior Gobierno con vistas a mejorar la capacidad que como país deberíamos tener en lo adelante, apoyados en la utilización sustancial y objetiva de la cooperación internacional. Este importante acuerdo se suma a los otros tantos que con igual profesionalidad y arraigo han sido llevados a cabo entre ambos estados; por tanto, conscientes de la importancia del mismo, nuestro Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo han aprobado y promulgado respectivamente dicho acuerdo bajo la Resolución No. 41-10 del 25 de febrero del corriente año y en los próximos días el Ministerio de Relaciones Exteriores se apresta a enviar la Nota Diplomática y el Instrumento de Ratificación correspondiente informando a Taiwán sobre el finiquito del proceso reglamentario a nivel interno por parte de la República Dominicana y por consiguiente, la apertura legal hacia el inicio y consecución de este, de seguro, fructífero acuerdo.

CONVENCION INTERAMERICANA PARA FACILITAR LA ASISTENCIA EN CASOS DE DESASTRE


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La Convención de la que hablamos en este artículo, fue firmada el 06 de julio de 1991 y entró en vigor el 16 de octubre del 1996, con la ratificación de la misma por parte de Panamá, Perú y Uruguay.

Hoy a 18 años de la firma de esta importante Convención y justamente en la administración de una Política Exterior proactiva, volcada en la aportación hacia el fortalecimiento de las instituciones y mecanismos que persiguen la cooperación efectiva de nuestro país en momentos de calamidad, sobre la base de la reciprocidad con otros Estados del hemisferio, depositamos el pasado 17 de julio del 2009 el instrumento de ratificación de tan trascendental Instrumento Internacional.

La Convención Interamericana para Facilitar la Asistencia en Casos de Desastres, constituye en sí, la búsqueda y construcción de un modelo compartido de atención humanitaria multilateral, para actividades de socorro humanitario, rehabilitación, reconstrucción y desarrollo, sin dejar de lado el tema tan necesario de la prevención y creación de mecanismos de mitigación de desastres.

La ratificación de esta Convención representa para la República Dominicana un hecho de trascendental importancia, sobre todo si nos basamos en el consabido hecho de nuestra ubicación geográfica, la que nos coloca en una posición de vulnerabilidad extrema ante la embestida de los fenómenos naturales. Pero, no menos importante es el hecho de que con esta decisión llevada adelante por nuestro país contribuimos objetivamente a la codificación y estructuración jurídica de un marco legal que rija la cooperación y la asistencia inmediata por parte de instituciones ligadas al socorro humanitario en momentos de crisis y de agobio como producto de la ocurrencia de algún funesto acontecimiento de la naturaleza.