Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, del 10 de Diciembre de 1984


Al día de hoy, República Dominicana es parte de cinco de los siete principales instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos, solo la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, por no haber sido ratificados aún por nuestro país, escapan a esta lista.

Los Derechos Humanos constituyen en sí mismos un elemento medular en la conformación de las bases que garantizan, en pos del desarrollo integral y estructural del individuo, el disfrute de un estado de pleno derecho, de equidad y de respeto a la dignidad humana en cualquier país del mundo, de manera que, en consonancia con esa visión, la República Dominicana firmó el 04 de febrero de 1985 la Convención contra la Tortura y en una visible muestra de voluntad política y de consistencia en la intención de hacer de nuestro ordenamiento jurídico un modelo de legalidad y de respeto por los derechos fundamentales en la región, el Superior Gobierno y el Ministerio de Relaciones Exteriores han llevado a la aprobación congresual dicha convención, abocándose en los próximos días a depositar por ante el Secretario General de Naciones Unidas el Instrumento de Ratificación que convertiría a nuestro país en el numero ciento cincuenta en ratificar la misma.

Han transcurrido, por tanto, casi veintiséis años desde la firma por parte de nuestro país, de esta Convención. Con la aprobación congresual y con la consabida puesta en vigor de la misma dentro de un corto tiempo, se demuestra una vez más el cumplimiento del compromiso que como institución tiene y lleva a cabo el Ministerio de Relaciones Exteriores con el desarrollo en el país de una cultura de protección a los derechos fundamentales del ciudadano y además con la visión programática de una política exterior dirigida por el gobierno y destinada a hacer de nuestra patria un referente obligatorio de respeto a la dignidad primigenia del individuo.

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