Convenio de la Haya del 19 de Octubre Relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución, y la Cooperación en Materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños.


Según el  Convenio, la expresión “responsabilidad parental” comprende la autoridad parental o cualquier otra relación de autoridad análoga que determine los derechos, poderes y obligaciones de los padres, tutores o de otro representante legal respecto a la persona o los bienes del niño”.

Basados en la premisa de la institucionalización a nivel estatal de un instrumento que ofrezca las garantías necesarias para el reconocimiento y ejecución de las medidas pertinentes en la  protección de los derechos del infante y en la práctica de disposiciones que aseguren y que ofrezcan las herramientas necesarias para el cumplimiento de la responsabilidad parental, sin que en el ejercicio de la misma se incurra en conflictos de leyes con los sistemas jurídicos internacionales, la Republica Dominicana suscribió en 1996 el Convenio al que se refieren estas letras, y en los primeros días de noviembre del 2009, luego de su aprobación por parte del Congreso Nacional, la Cancillería ha enviado el Instrumento de Ratificación a nuestra Misión en los Países Bajos para su pertinente depósito y puesta en vigencia, siempre en concordancia con las disposiciones especificadas en el propio Convenio.

Ofrecer las herramientas precisas para el desarrollo de una responsabilidad parental que garantice el crecimiento del niño en un clima que reconozca y avale sus derechos y que, al mismo tiempo, le ofrezca las medidas de protección necesarias para su sano desenvolvimiento como ente social, es el objetivo subliminal y constante de este convenio, al tiempo que institucionaliza, en medio de las relaciones interestatales, las medidas necesarias para evitar los conflictos jurídicos, patentizando la imperiosidad de la ley dictada en cualquiera de los Estados Contratantes siempre que no vaya en contraposición a lo estipulado en el convenio.

Es, como puede observarse, un paso más de avance para la República Dominicana en la concretización de un ideal nacional que propugna abiertamente por una adecuación jurídica que tenga como activo fundamental la promoción social del individuo y el establecimiento de garantías constitucionales que le salvaguarden desde la niñez, como forma de crear una sociedad en donde la defensa y preservación de la dignidad del ser humano florezca a la sombra de la protección esmerada y fraterna del Estado.

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