ACUERDO SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL


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El “Estatuto de Roma” que establece la Corte Penal Internacional fue adoptado en la ciudad italiana del mismo nombre, el 17 de julio de 1998 y entró en vigencia el 22 de julio del año 2002. Desde su inicio, la República Dominicana ha sido signataria del mismo, promulgando de manera íntegra la resolución que ratifica dicho acto el 31 de marzo del 2005.

Cuatro años después y en medio de la adecuación de la Política Exterior estructurada desde el Poder Ejecutivo, la Cancillería Dominicana se apresta a depositar, en un tiempo mínimo, por ante el órgano responsable de receptar los instrumentos de adhesión y ratificación de los países signatarios de la Corte, el instrumento de adhesión al Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional (APIC), luego, claro está, de que dicho Acuerdo ha sido aprobado y promulgado cabalmente por los medios y órganos constitucionales correspondientes.

El artículo 48 del Estatuto de Roma contiene las disposiciones generales sobre los privilegios e inmunidades, pero el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades, como “acuerdo independiente”, define en detalle el tipo de protección y las obligaciones que asumen los Estados Partes de brindarle a la Corte, como Organización Internacional, las facilidades y las vías necesarias a lo interno de sus respectivos países, que permitan que la misma funcione de manera libre e incondicional en un ambiente de seguridad jurídica y operacional óptimo.

De esta forma, la República Dominicana, sobre la premisa de la supra-autoridad y vigencia de los Tratados Internacionales frente a los ordenamientos jurídicos locales, actúa de manera cónsona con los principios constitucionales que deben ser referentes obligatorios en la Comunidad Internacional y se sitúa al lado de los Estados que propugnan por la elevación de los  preceptos del respeto a la vida y a la dignidad humana, en un horizonte democrático y en donde prevalezca el imperio de la ley y del estado de derecho, que no son otra cosa que lo que trata de salvaguardar  el Derecho Internacional, y en el marco del mismo, la Corte Penal Internacional.

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